¿Aumento injustificado? La batalla que se cocina por el alza de las tarifas del agua en Bucaramanga

Un verdadero polvorín político y social se ha desatado en el área metropolitana de Bucaramanga tras conocerse la letra menuda del incremento tarifario en los servicios de agua y saneamiento básico. Mientras las familias de Bucaramanga, Girón y Floridablanca empiezan a revisar sus finanzas, en la Asamblea Departamental ya se cocina un fuerte debate de control político que pone en el ojo del huracán la gestión del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB).

La mecha la encendió formalmente un Diputado de la Asamblea de Santander, quien radicó una severa solicitud de información exigiendo que la entidad destape las "cartas técnicas" y las memorias de cálculo detrás de esta estructuración de costos.

Radiografía del incremento: El golpe viene por partes

Los datos técnicos de la aplicación tarifaria del AMB demuestran que el impacto será drástico, aunque se pretenda aplicar de forma escalonada:

• Los porcentajes exactos: El servicio de acueducto subirá hasta un 25,2%, mientras que el de alcantarillado se incrementará hasta un 22%.

• Primer impacto agresivo: El proceso arranca con un alza inicial automática del 9%, cuyos primeros reflejos golpearán los recibos de los usuarios en septiembre de 2026.

• Cobro diferido: Para intentar mitigar el impacto económico, el saldo restante del aumento se aplicará de forma gradual durante un periodo de 6 meses.

• Fin de la transición: El ajuste escalonado terminará de implementarse por completo en febrero de 2027, fecha en la que los santandereanos pagarán la tarifa plena indexada.

¿Un escudo técnico para trasladar ineficiencias?

La gran polémica radica en el origen del aumento. El AMB ha argumentado que la medida es de obligatorio cumplimiento bajo el amparo de la Resolución CRA 1032 de 2026, expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, la cual establece el nuevo marco tarifario para grandes prestadores del país. Sin embargo, el contraargumento del diputado es contundente: la norma nacional fija la metodología y un tope máximo, pero no impone el cobro del porcentaje más alto.

"Bajo el régimen de libertad regulada, es el prestador —es decir, el AMB— quien adopta autónomamente la tarifa final", advierte el corporado santandereano.

La sospecha que hoy divide a la opinión pública es si el Acueducto pretende trasladarle directamente a los usuarios los costos de una gestión interna ineficiente o si realmente hay un sustento financiero ligado estrictamente a la inflación (IPC) y a las exigencias regulatorias.

Las exigencias sobre la mesa y debate a la vista

El AMB tiene ahora un plazo estricto de diez (10) días hábiles para responder un duro cuestionario que busca diseccionar el incremento y obligar a la publicación inmediata del estudio tarifario completo para el escrutinio público. De igual forma, el corporado presentará ante la Asamblea Departamental una proposición formal para citar al gerente del AMB a una audiencia pública de control.

La ciudadanía exige claridad: ¿Es este incremento escalonado una necesidad técnica real amparada en la regulación de la CRA o estamos ante un cobro desmedido por falta de eficiencia administrativa? El debate está abierto y el bolsillo de los santandereanos, en juego.