Petro ordena licitar el Canal Uno en medio de polémica con su actual operador

El presidente plantea un nuevo modelo de televisión cultural y juvenil, mientras Plural Comunicaciones defiende su contrato vigente hasta 2037

El consejo de ministros televisado el pasado viernes 15 de agosto dejó un anuncio que sorprendió tanto al sector de las telecomunicaciones como a la opinión pública. En plena transmisión oficial, el presidente Gustavo Petro ordenó al ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Julián Molina, abrir la licitación del Canal Uno, pese a que el canal cuenta con una concesión vigente hasta el año 2037 a favor de la empresa Plural Comunicaciones S.A.S.

El mandatario justificó su decisión al asegurar que busca construir “una nueva forma de manejar la televisión” en Colombia, con un modelo que dé protagonismo a los jóvenes, los artistas y el sector cultural, y que no dependa de los intereses del Gobierno ni de grandes conglomerados económicos. Según Petro, se trata de democratizar los contenidos y permitir que nuevas voces tengan espacio en la televisión abierta nacional.

Un anuncio que reabre viejas tensiones

La orden de abrir una licitación no es un hecho aislado. Llega en medio de las tensiones que desde hace meses mantiene el Gobierno con Plural Comunicaciones, actual operador del Canal Uno bajo la Concesión No. 001 de 2017.

El Ministerio de las TIC ha cuestionado a la compañía por supuestas modificaciones en su composición accionaria sin contar con la autorización requerida, lo que, según el Gobierno, configuraría un incumplimiento contractual. La situación se agrava porque, de comprobarse, abriría la puerta a sanciones legales y al eventual retiro de la concesión.

El episodio recuerda lo ocurrido en octubre de 2024, cuando el Gobierno rechazó el acuerdo de comercialización entre Plural y el grupo Prisa Radio, argumentando que representaba un riesgo de concentración mediática y que podría afectar la estabilidad laboral de quienes trabajan en el canal. Esa decisión marcó un primer enfrentamiento directo con el operador y abrió un debate nacional sobre la transparencia en la administración de las frecuencias de televisión.

La defensa de Plural Comunicaciones

Ante las nuevas críticas, Plural Comunicaciones S.A.S. emitió una respuesta en la que defendió su gestión y aseguró que las operaciones realizadas se ajustan a lo permitido en el contrato vigente. Según la empresa, no se trató de una cesión de la concesión, sino de un acuerdo interno de provisión de contenidos, avalado previamente por la Superintendencia de Sociedades.

Plural reiteró que la concesión le otorga derechos plenos para administrar el Canal Uno hasta el año 2037, por lo que calificó como “inseguro e inoportuno” cualquier intento de abrir un nuevo proceso de licitación antes de que expire el contrato actual. Además, advirtió que una decisión de este tipo podría generar demandas contra el Estado por incumplimiento contractual y daños económicos al operador.

Implicaciones legales y políticas

El anuncio presidencial ha generado una fuerte discusión en el sector jurídico y político. Expertos en contratación estatal advierten que abrir un proceso de licitación paralela podría interpretarse como una violación al principio de seguridad jurídica, afectando la confianza de los inversionistas en proyectos de largo plazo.

En el ámbito político, la decisión ha sido interpretada como un movimiento de Petro para impulsar su visión de medios más alineados con sectores sociales y culturales. Sin embargo, opositores señalan que se trata de una medida apresurada que podría desatar un conflicto legal innecesario y que distrae al Gobierno de otros retos urgentes en materia económica y social.

El futuro del Canal Uno en debate

El Canal Uno es uno de los canales de televisión abierta más antiguos de Colombia y ha tenido un papel relevante en la historia de la comunicación del país. Bajo la administración de Plural Comunicaciones, ha mantenido una parrilla variada con informativos, entretenimiento y programación cultural, aunque sin alcanzar niveles de audiencia tan altos como otros canales privados.

El anuncio de Petro revive la discusión sobre qué modelo de televisión requiere Colombia: uno más abierto a nuevas expresiones culturales y sociales, como plantea el Gobierno, o uno que respete los contratos vigentes y dé estabilidad a los inversionistas.

Mientras el debate avanza, lo cierto es que el futuro del Canal Uno se convierte en un nuevo frente de polémica dentro de la administración Petro, que ya ha enfrentado tensiones con diferentes sectores empresariales y gremiales. La decisión del presidente podría convertirse en un caso emblemático sobre la relación entre Estado, medios de comunicación y contratos de largo plazo en el país.

Conclusión

La orden presidencial de abrir licitación para el Canal Uno, pese a la concesión vigente, refleja la tensión entre el deseo de impulsar un modelo cultural y participativo y la obligación de respetar compromisos legales ya adquiridos. Lo que parece claro es que, más allá del debate jurídico, el tema se instalará en la agenda pública como un símbolo del pulso entre la visión de transformación de Petro y la resistencia de los actores tradicionales de los medios en Colombia.